3 de diciembre de 2014


Era un fría mañana de febrero, los nervios estaban a flor de piel… poco antes del amanecer un grupo de activistas de Greenpeace entraban en el recinto de la central nuclear de Cofrentes (Valencia)






Poco después, seis escaladores accedían a una de las torres de refrigeración para dejar un mensaje claro: 

PELIGRO NUCLEAR




La acción tuvo lugar el 15 de febrero de 2011. Ahora 16 activistas y un fotógrafo independiente se enfrentan a un juicio que podría llevarles a la cárcel. Un hecho incomprensible, que se enmarca en una realidad muy preocupante:

La política energética española camina hacia atrás, ignorando los peligros de la energía nuclear y del cambio climático:
- La energía nuclear es intocable.
- Se autorizan prospecciones de petróleo, pese a la fuerte oposición de la ciudadanía y de las instituciones locales.
- Se apoya el fracking, una técnica contaminante, para seguir dependiendo de los combustibles fósiles.
- Al mismo tiempo, se echa el freno a las energías renovables.

La libertad de expresión está en retroceso:
- Con la Ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno pretende acallar la protesta.
- El Gobierno ha llegado a utilizar a la Armada para defender los intereses de una empresa privada, Repsol, embistiendo en el mar a un grupo de activistas pacíficos, con el resultado de una joven activista herida, que tuvo que ser operada de urgencia.

Nuestro derecho, nuestro deber
Defender el medio ambiente es un derecho reconocido en la propia Constitución, esa de la que tanto hablan (y tan poco cumplen) los políticos. 
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.



Aquella fría mañana de 2011 ellas y ellos ejercían su derecho (nuestro derecho) a defender el medio ambiente. Ahora se sientan en el banquillo. 

Me parece tan retrógrado como la propia energía nuclear que ha motivado esta historia.

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